Organizaciones sociales y grupos de Derechos Humanos denunciaron que la intervención militar que las autoridades llevan a cabo en Socio Vivienda II segrega y criminaliza a los habitantes de este sector de Guayaquil.

Desde los primeros días de septiembre, policías, militares y miembros del Municipio de Guayaquil han realizado intervenciones en este sector. El lugar es uno de los más peligrosos de la ciudad, amparados en el estado de excepción que regía en esos días y que fue renovado por el Gobierno nacional.

La Red de Organizaciones del Noreste señaló que la militarización de Socio Vivienda II no ha constituido una solución real a la problemática de inseguridad. “Al contrario ha agudizado las condiciones de segregación y criminalización que sufren al menos 3 000 familias”, aseguraron.

Socio Vivienda es un asentamiento construido en el gobierno de Rafael Correa, en el que se trasladó a muchas personas de otros sectores urbanos marginales de Guayaquil. En esta zona son escasos los servicios básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad.

En su denuncia, señalaron que la población vive en zozobra desde su asentamiento en el lugar, ya que no han recibido ni los títulos de propiedad de las casas que ocupan. “Documento que es elemental para crear sentido de pertenencia”.

Militarización cambia a zona de Guerra

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) señaló que la presencia de policías y militares en el sector y los operativos que realizan, imponen ambientes similares a zonas de guerra. Aseguran que estas acciones instauran el miedo y la incertidumbre, lo que viola “el derecho a la integridad personal de niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros grupos”.

Fuente: elcomercio.com